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    Lista ley que pone tatequieto a pérdida y desperdicio de alimentos

    Se calcula que en Colombia se desperdician casi 10 millones de toneladas de alimentos, con el agravante de que más de la mitad de los hogares viven en inseguridad alimentaria. Para hacerle frente a esta situación, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1990, con la que se busca prevenir la pérdida de productos alimenticios que ahora podrán ser donados.

    La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan) será la encargada de ejecutar las disposiciones de la norma, a partir de una política pública que tendrá seis meses de plazo para diseñar y poner en marcha.

    El articulado incluye un plan de estímulos para las organizaciones que eviten la destrucción de alimentos, así como la aplicación de multas para quienes, por el contrario, los desperdicien. Los alimentos que luego del proceso de producción y comercialización aún estén en condiciones de ser consumidos, deberán ser donados a organizaciones sin ánimo de lucro.

    La Cisan deberá verificar que en la destinación final de los productos se priorice la entrega a niños, mujeres en embarazo, personas de la tercera edad, personas en situación de discapacidad o en condiciones de pobreza.

    La norma –que le apuesta a la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico–, abarca a todos los actores de la cadena de suministro, buscando que se sensibilicen y asuman responsabilidades por la comida que deja de ser comercializada o desechada.

    Si bien la ley establece que la primera tarea para contrarrestar el desperdicio de alimentos es la reducción en cuanto a producción, se enfoca a privilegiar el consumo humano por encima del desecho y en caso tal, establece medidas para que sean aprovechados esos residuos orgánicos o se destinen a la alimentación animal.

    Para vigilar el cumplimiento de dicha cadena, el Ejecutivo ordena la creación de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), que orientará esfuerzos y medidas para hacerle frente a la problemática, incluyendo las diferentes cadenas de suministro en compañías agropecuarias, industriales y comercializadoras. Adicionalmente, dicha comisión tiene hasta febrero de 2020 (seis meses) para diseñar e implementar una política que consagre además incentivos.

    Entre otras, en tal política deberán figurar recomendaciones que “permitan mejorar la planificación de la producción de los alimentos adaptada a las dinámicas de mercado” y prácticas de producción y procesamiento de alimentos. A ello se suma ofrecer garantías para que todos los que intervienen en la cadena de suministro –especialmente campesinos, mujeres y pequeños productores– se beneficien de la estrategia​

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    ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
    20/08/2019 3:19:25
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